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"La empresa debe interiorizar el compromiso con la competencia"

29-nov-2019

La presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia, Alba Urresola,  ha remarcado que “la competencia beneficia a consumidores, empresas y administraciones públicas; en consecuencia, a la sociedad”.

Alba Urresola, durante su intervención en Los Viernes de la CámaraUrresola ha participado  'Los Viernes de la Cámara', encuentro empresarial que organizan Cámarabilbao y Euskaltel, con una conferencia que giraba en torno a  “La importancia del Compliance de Competencia para implantar buenas prácticas en las empresas y prevenir sanciones”. Alba Urresola, después de comentar el marco normativo relacionado con la defensa de la competencia y explicar la misión, atribuciones y objetivos de la AVC, ha expuesto varios ejemplos de los efectos negativos que originan conductas anti-competitivas.

Seguidamente ha aclarado que todos los operadores económicos están sujetos a la normativa de competencia: “cualquier persona o entidad que ejerza una actividad económica, independientemente de su forma jurídica y de su financiación”.

En este sentido, la presidenta de la AVC ha identificado las conductas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia: actuaciones o acuerdos que impidan, restrinjan o falseen la competencia en el mercado nacional. En concreto, la fijación de precios, “que causan un daño directo en el consumidor”; reparto de mercados, “con pactos de no agresión entre empresas para repartirse el negocio”; manipulación de ofertas, “para repartirse licitaciones”; creación de UTE; intercambio de información “sensible al mercado”.

Igualmente está prohibido el abuso de mercado por una o varias empresas de su posición de dominio (delimitación del mercado relevante, independencia frente a la estrategia de competidores, clientes y consumidores, cuota de mercado), y los actos de competencia desleal.

Y, como consecuencia legal del falseamiento de la competencia por actos desleales se pueden imponer multas (hasta un 10% del volumen anual total de negocios de la empresa), sanciones a directivos (hasta 60.000 €), prohibición para contratar, daños y perjuicios en las compras… sin olvidar el coste reputacional.

Para evitar estar medidas en las organizaciones, la AVC ha publicado la ‘Guía de Compliance en materia de competencia’ para aportar mayor seguridad jurídica a la aplicación de este entramado normativo. Sus objetivos: poner de manifiesto las actuaciones contrarias a la libre competencia, con especial atención a las que son más frecuentes en la realidad empresarial. Identificar los riesgos que las prácticas contrarias a la libre competencia suponen para las propias empresas. Dar pautas para que las organizaciones puedan prevenir la comisión de infracciones, mediante la elaboración de programas de cumplimiento que incluyan protocolos internos, aplicados y supervisados por la figura del Compliance Officer.

José Ángel Corres, presidente de Cámarabilbao, al presentar el encuentro, ha señalado que “las prácticas ilícitas –muy presentes en la sociedad- afectan a la reputación y a la competitividad de las organizaciones, que empiezan a ser más sensibles para cumplir normas y procedimientos de buenas prácticas y buena gobernanza”. El objetivo -ha subrayado- es identificar riesgos operativos y legales, prevenir conflictos y evitar sanciones administrativas o penales.