El Gobierno Vasco destina 270 millones de euros a ayudas directas a sectores afectados por la Covid-19

Estas nuevas ayudas, destinadas a cubrir deudas pendientes, podrán solicitarse a partir del próximo 5 de julio, y se calcula que podrán optar a ellas cerca de 35.000 beneficiarios.

23 junio, 2021|Categorías: Ayudas|

Cámarabilbao

El Gobierno Vasco ha aprobado el esperado decreto previo de las ayudas directas a empresas y personas empresarias afectadas por la crisis de la Covid-19. Unas ayudas que contarán con cerca de 270 millones de euros de presupuesto y que alcanzarán a un total de 173 actividades económicas. Esto es así puesto que desde Lakua se inyectarán 50 millones de presupuesto propio al inicialmente previsto, y se han añadido 78 nuevos ‘CNAES’ a los 95 que establecía el Real Decreto estatal.

Estas ayudas directas están destinadas a paliar las consecuencias de la crisis económica derivada del coronavirus, y mejorar la solvencia de las empresas. De hecho, su destino es precisamente poder satisfacer las deudas con proveedores y bancos que se hayan podido generar en este tiempo. Según los cálculos del Ejecutivo vasco, unas 35.000 empresas y personas empresarias podrán beneficiarse de esta convocatoria.

La presentación de solicitudes arrancará el próximo 5 de julio, y estará vigente hasta el 30 del mismo mes. Se han establecido tres líneas de ayudas para poder agilizar su tramitación, cuyos detalles se darán a conocer en la convocatoria que se publique en el BOPV. Una vez solicitadas las ayudas, éstas se analizarán durante el mes de agosto. Se estima que los primeros abonos se realicen en septiembre.

Requisitos

Estas nuevas ayudas deberán tramitarse de forma exclusiva por medios electrónicos, y se abonarán en un único pago. Además, serán compatibles con otras subvenciones de otras administraciones.

Como obligación, el Gobierno Vasco establece que las personas o entidades beneficiarias deberán mantener la actividad al menos hasta el 30 de junio de 2022; a no repartir dividendos ni en 2021 ni en 2022: y a no aprobar incrementos en la retribución de los altos cargos durante dos años desde la concesión de la ayuda.

En el empleo de las ayudas se establece que primero hay que pagar a proveedores por orden de antigüedad, determinado por la fecha de emisión de las facturas, luego reducir deuda bancaria (primando la reducción del nominal de la deuda con aval público) y, por último, otros costes fijos.

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